El país sigue afrontando una crisis en el sector de la vivienda que amenaza con empeorar por las subidas de los precios de alquileres.
Desde que la crisis económica explotó en España durante 2007, el país se ha sumergido en un serio problema con la vivienda que parecía estar mejorando, pero para caer de nuevo. En los últimos años, la subida de los precios de alquiler en la inmensa mayoría de localidades del país, sumado a los pobres salarios y a la falta de trabajo, está imposibilitando el acceso a una vivienda digna.
Un serio problema que choca frontalmente con lo que dictan tanto la Constitución Española como la Declaración de los Derechos Humanos: disponer de un techo digno y adecuado para tener unas condiciones de vida dignas. Esa es la teoría, lo que dicta el papel; pero la realidad que se ve a diario en las calles de España y en miles de familias es una bien diferente.
Una que poco tiene que ver con la falta de vivienda. Hay casas, hay pisos, hay apartamentos disponibles; el problema está en el progresivo encarecimiento que se ha ido registrando en los últimos años. Desde 2014, el precio del metro cuadrado en alquiler ha pasado de una media de 7,2 euros a una de 12 aproximadamente, según datos de El Idealista. Un incremento del 65% que ha imposibilitado el acceso a una buena vivienda a numerosas familias.
La precariedad laboral y las dificultades para llegar a fin de mes hacen que en muchos hogares sea realmente difícil mantener una economía estable. De hecho, esta situación está provocando una migración desde las grandes ciudades por los elevadísimos precios de la vivienda en ellas. Localidades como Madrid o Barcelona tienen unos precios prácticamente prohibitivos para muchos.
¿Qué soluciones se plantean eficaces a corto y medio plazo?
Fácil es señalar cómo las estrategias construidas a partir de las políticas de vivienda de los últimos años han sido de todo menos eficaces para solucionar el problema de la vivienda en España. La necesidad de la intervención pública en el sector se está acentuando, aunque no parece que se vayan a tomar medidas en ese sentido.
La población española tiene previsto un crecimiento muy lento durante los próximos años debido a la falta de natalidad y el continuo envejecimiento. Eso está provocando que también crezca en menor cantidad el número de nuevas viviendas en el futuro a corto y medio plazo. La mayoría de hogares que se formen serán en edificios ya usados que estén vacantes.
Eso supone un problema, ya que las estructuras envejecen y no responden a las nuevas necesidades de una sociedad que, entre otras cosas, está cada vez más concienciada con el medio ambiente y el problema climático global. Más allá de las cuestiones económicas, que piden a gritos soluciones para poder garantizar el acceso a una vivienda digna, la sostenibilidad es otra de las asignaturas pendientes en cuanto al sector de la vivienda en nuestro país.
Autorregulación, el principal problema tras la crisis de la vivienda
Hasta el momento, se ha dejado que el mercado de la vivienda se autorregule, confiando en que llegue a un equilibrio en el que la oferta logre satisfacer la demanda. No obstante, el resultado de este pensamiento está derivando al encarecimiento que se ha visto en los últimos años y a un incremento en las dificultades para acceder a un inmueble.
Los datos hablan de que, para poder tener una vida digna, una familia debe destinar un máximo del 30% de sus ingresos mensuales al pago de la vivienda y sus gastos principales, como pueden ser la luz, el agua y un largo etcétera. Teniendo en cuenta que actualmente el SMI se encuentra en los 1.050 euros, que en la mayoría de familias solo hay un sueldo y que en ciudades como Madrid el precio del alquiler de un piso puede rondar esa cifra, es evidente que hay un problema.
Muchas voces señalan que el mejor camino a seguir es la implantación de políticas que regulen los precios para así poder garantizar un derecho universal. España está suspendiendo una asignatura obligatoria, y no está buscando métodos eficaces para poder aprobarla.
Mientras tanto, cada vez más familias se asfixian cuando se acercan los días 30 o 31 de cada mes y tienen que mudarse para buscar unas mejores condiciones de vida. El rumbo actual no es el adecuado, y las cifras lo están dejando cada vez más claro. Es necesario tomar medidas pronto para que el problema de la vivienda no derive en una crisis que cada vez asoma con más fuerza.
Desafortunadamente, la falta de una formación de Gobierno parece insinuar que queda mucho camino por recorrer hasta que se llegue a una solución. Habrá que seguir esperando hasta que se empiecen a usar medidas que realmente surtan efecto.